Las garantías y servicios posventa incluidos en la “Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias” también serán de aplicación a los contratos de suministro y servicios digitales

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) viene siendo objeto de constantes modificaciones en los últimos años; entre dichas modificaciones cabe destacar la última contenida en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de dos directivas de la Unión Europea, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2022 y que introduce modificaciones también en la regulación de los contratos de suministro y servicios digitales. Este Real Decreto Ley incorpora al Derecho Español la Directiva Europea (UE) 2019/771 de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, que debía trasponerse a nuestro ordenamiento antes del 1 de julio de 2021.

El citado Real Decreto-ley 7/2021, si bien tiene como objeto especialmente la novedosa regulación de los contratos de suministro y servicios digitales, modifica también aspectos esenciales del TRLGDCU aplicables a las compraventas de bienes en general entre empresarios y consumidores/usuarios.

Las modificaciones a tener en cuenta que introduce el RD-ley son las relativas a los contratos de compraventa de bienes, que detallamos a continuación:

  • Se amplía el período de garantía legal, incrementándose de 2 a 3 años desde el momento de la entrega de los bienes declarados como “nuevos”.
  • Se amplía el período en el que el fabricante tiene la obligatoriedad de continuar con el servicio técnico y disponibilidad de piezas de recambio tras el cese de fabricación del bien concreto, incrementándose el plazo de 5 a 10 años desde que deje de fabricarse.
  • En caso de reparación del bien debido a la falta de conformidad, el empresario responde de tal reparación durante el año posterior a la entrega del bien. Cuando en ese periodo surjan los defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados, se presumirá que se trata de la misma falta de conformidad.
  • La nueva normativa amplía de tres a cinco años el plazo de prescripción para ejercer los derechos que el consumidor tiene cuando no esté conforme. Además, incrementa el plazo de inversión de la carga de la prueba para acreditar la falta de conformidad, pasando de seis meses a uno o dos años, en función del objeto contractual. Es decir, que, durante este período, el consumidor o usuario solo tendrá que demostrar que el bien, el contenido o el servicio digital no es conforme a lo acordado, sin necesidad demostrar su falta de conformidad en el momento de la entrega, como hasta ahora. Para oponerse a la reclamación del consumidor o usuario, el empresario tendrá que demostrar que la falta de conformidad no existía en ese momento”. 

Para posibilitar una mejora de este escenario, al tratarse la embarcación de recreo de un bien sofisticado lejos de poder conceptuarse como un bien de consumo de volumen o genérico, ANEN está trabajando con la Administración esta materia para adaptarla a las propias particularidades del sector náutico, en la reforma de la Ley de Navegación Marítima.

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